Operación Cóndor: cuando el terrorismo de Estado cruzó las fronteras
9 de octubre de 2026 · Editorial Tucó
Las dictaduras del Cono Sur coordinaron una red clandestina para perseguir, secuestrar y desaparecer opositores fuera de sus países. Documentos desclasificados y procesos judiciales permitieron reconstruir su funcionamiento y demostrar su carácter criminal.
Cruzar una frontera no siempre significaba ponerse a salvo. Para quienes escapaban de la persecución política en el Cono Sur, el exilio también podía convertirse en un escenario de secuestro y desaparición. La Operación Cóndor permitió que los aparatos represivos de distintos países compartieran información y actuaran de manera coordinada para alcanzar a sus víctimas más allá de sus territorios.
La red se formalizó en noviembre de 1975, durante una reunión en Santiago de Chile convocada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Participaron representantes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Brasil también se integró al esquema de cooperación represiva.
En el caso argentino, esa articulación comenzó antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Este dato permite comprender que la coordinación regional tenía antecedentes y que su desarrollo no se limitó a una única dictadura ni a un solo territorio.
Información compartida para una persecución coordinada
Cóndor funcionó mediante el intercambio de inteligencia, las comunicaciones entre organismos represivos y la coordinación de operaciones clandestinas.
Un informe desclasificado de la CIA sobre una reunión realizada en Santiago entre mayo y junio de 1976 registró el proyecto de crear un banco de datos informatizado. Su finalidad era centralizar información sobre personas y organizaciones identificadas como enemigos de izquierda. Los servicios también contaban con una red de comunicaciones conocida como “Condortel”, que facilitaba el intercambio de mensajes entre los países participantes.
Esa estructura permitió organizar secuestros, traslados clandestinos, torturas, desapariciones y asesinatos. En Argentina, el centro clandestino Automotores Orletti fue una de las principales bases de la operación y un espacio de actuación conjunta de los aparatos represivos de la región.
La construcción del “enemigo interno”
El marco ideológico de esta persecución fue la Doctrina de Seguridad Nacional, desarrollada en el contexto de la Guerra Fría. Bajo esa concepción, las Fuerzas Armadas asumían la defensa de un supuesto orden nacional frente a una amenaza que ubicaban dentro de la propia sociedad.
La categoría de “enemigo interno” excedía a las organizaciones armadas. Podía abarcar a personas y grupos que defendieran ideas políticas, sociales o económicas contrarias a las de los regímenes. Así, la actividad sindical, estudiantil, intelectual o política podía convertirse en motivo de vigilancia y persecución, aunque no existiera participación en acciones armadas.
Estados Unidos tuvo un papel relevante en el contexto regional: apoyó a regímenes y servicios de seguridad del Cono Sur y promovió intercambios de inteligencia. Los documentos desclasificados también muestran que sus organismos conocían la existencia de Cóndor y sus planes de operaciones internacionales.
De la clandestinidad a los tribunales
La reconstrucción de Cóndor fue posible gracias a testimonios, archivos y documentos desclasificados que permitieron vincular crímenes cometidos en distintos países.
El 27 de mayo de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal condenó a quince acusados a penas de entre ocho y veinticinco años de prisión. La sentencia acreditó la existencia de una asociación ilícita destinada a la persecución transnacional. Fue la primera vez que un tribunal declaró probado el carácter criminal de la Operación Cóndor como una conspiración para secuestrar y desaparecer personas a través de fronteras internacionales.
La historia de Cóndor muestra hasta dónde llegó la cooperación entre Estados para perseguir a sus opositores. También permite comprender el valor de los archivos, los testimonios y la investigación judicial: herramientas fundamentales para reconstruir lo que se intentó ocultar y establecer responsabilidades por los crímenes.